Es la primera vez que en la Asamblea General se presenta una declaración que condena las matanzas, la tortura, las detenciones arbitrarias y "la privación de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud" en contra de personas lésbicas, gays, bisexuales y transgénero.
Según los cálculos de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales (ILGA) y de otras organizaciones, más de 72 países todavía tienen leyes en contra de actos sexuales consensuados entre adultos del mismo sexo.
Previo y durante el periodo de la Asamblea General de la ONU, una delegación de activistas internacionales estuvo presente en Nueva York para argumentar este caso ante las misiones de varios países a las Naciones Unidas. Gracias a la presencia de estos activistas, fue posible conseguir más apoyo para la declaración en contra de la criminalización de la homosexualidad.
Las implicancias de la resolución van más allá del papel escrito. Ya que su aprobación permitirá visibilizar y acabar con la violencia que sufren a diario lesbianas, gays, personas bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI) en las Américas. Sin embargo, para que la resolución tenga impacto es necesario que los colectivos empleen estrategias que sensibilicen a la ciudadanía y autoridades para alcanzar cambios concretos en la legislación y en las políticas públicas de cada país miembro. Aunque la reciente declaración no es vinculante, es una reafirmación de lo que varias entidades de derechos humanos de la ONU han repetido numerosas veces: que nadie debe enfrentar violaciones a sus derechos por causa de su orientación sexual o su identidad de género.
El Instituto Runa lamenta el quiebre del Estado Peruano frente a una línea de respeto de los derechos de la diversidad, único país latinoamericano que no firmó la declaración. A pesar de encontrarse la representante del Secretariado Trans de ILGA, Belissa Andía, reconocida activista trans peruana y miembro del Instituto Runa, en las conversaciones con la Cancillería Peruana, éstas fueron infructuosas. La presión ejercida por la Iglesia Católica en nuestro país sigue teniendo peso sobre las decisiones de Estado, que irónicamente tiene un carácter laico y lamentablemente la red LGBTI en Perú no ha logrado articular una oposición sostenida y eficaz. Habiéndose realizado el Festival de la Diversidad Sexual y de Género, recientemente y con gran éxito por la afluencia de gente, hubiera sido una oportunidad valiosa de responder con argumentos políticos ante la negativa del Estado Peruano a defender los derechos de sus ciudadanos, tengan la identidad que tengan. Con esta negativa se está dando la espalda, nuevamente, a todas aquellas personas trans que cruzan las fronteras del género, que han muerto en el silencio y bajo el manto de la impunidad en nuestro país y que día a día sufren los atropellos de las fuerzas de seguridad y Policía Nacional. Nos queda claro que tenemos un largo camino en la lucha por una real ciudadanía para las personas transgénero, transexuales, travestis e intersexuales. Fuente: AG Magazine |
